Paraguay


Paraguay se encuentra en el corazón de América Latina y no tiene salida al mar. Está dividido en 17 departamentos y es una república presidencialista unitaria con aproximadamente 7 millones de habitantes. Es uno de los países más pobres y desiguales de la región, con una economía sumida mayormente en la informalidad, notables rezagos en cobertura educativa y sanitaria, falta de infraestructura y escaso acceso a agua potable.

A nivel mundial, Paraguay posee la distribución de tierra más desigual y es uno de los países con mayores tasas de deforestación. En Paraguay los dos idiomas oficiales son el guaraní y el castellano. La mayor parte de la población es bilingüe, con predominio del guaraní, y una minoría que habla solamente castellano. Además existen otras 18 lenguas indígenas, además del guaraní, como tomárãho, nivaclé, ayoreo, enlhet norte, maká, ybytóso, aché y otros.

La población actual del Paraguay según la Dirección General de Estadísticas y Censos en el informe sobre “Proyecciones de población nacional, áreas urbana y rural, por sexo y edad, 2019”1 es de 7.152.703 habitantes, presentando cierta paridad por sexo a nivel nacional (50,4 % hombres y 49,6% mujeres). Históricamente hemos presentado una población predominantemente joven, pero actualmente existe una reducción en la distribución, “donde el 29,2 de la población es menor de 15 años, el 64,2% tiene entre 15-64 años y poco más del 6,5 % están en edad adulta”.

A nivel nacional la pobreza afecta al 26,40% del total de habitantes del país, según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 2017. Esta realidad se ve reflejada en factores como la precariedad de la vivienda, bajos ingresos, problemas de acceso a servicios básicos como educación, salud, entre otros.


Paraguay exhibe uno de los índices de homofobia más altos del continente, junto a Surinam y Guyana, con indicadores propios de países de Oriente Medio, Sudeste Asiático y África Subtropical, alejándose así de la realidad de otros países de América Latina.

El país exhibe una Constitución Nacional que en su artículo 46, consagra el derecho fundamental a la no discriminación en los siguientes términos: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”. A pesar de ello, el Estado sólo ha promovido discursos de odios que se viene acarreando desde la dictadura.

El periodo que abarca desde la apertura de la “democracia” (1989) hasta la actualidad se han registrado más de 60 asesinatos a personas trans que han quedado impunes, además de varios hechos de violencia y discriminación hacia adolescentes trans. El 2017 fue un año en donde grupos conservadores autodenominados “pro-vida, pro-familia” presionaron al gobierno para que tomara ciertas medidas en contra de la mediatización de la llamada ”ideología de género”. Primeramente el país lideró en 47 asamblea general de la OEA una alianza “antiderechos LGTBI+” y pidió que palabras como orientación sexual, identidad de género fueran reemplazadas.

Además el ministro de Educación de entonces, Enrique Riera mediante una resolución prohibió “la difusión y utilización de materiales impresos, como digitales, referentes a la teoría de género y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”.

Ante este panorama, primeramente ponemos a continuación una lista de las leyes que siguen sin ser reglamentadas en Paraguay y que urge aprobarlas en pos de los derechos de nuestro colectivo y posteriormente una lista de leyes que existen pero faltan ser cumplidas.

  • “Ley contra toda forma de discriminación”
  • “Matrimonio Igualitario”
  • “Ley de Educación Sexual Integral”

Según datos de PRONASIDA(El Programa Nacional de Control del Sida e ITS, organismo dependiente del Ministerio de Salud) hasta el 2018 existían 19.811 personas viviendo con VIH, de los cuales el 71 % corresponde a la población clave (HSH).

En nuestro país el Estado ha invisibilizado a los hombres gay, bisexuales y hombres que tenemos sexo con otros hombres en la atención al VIH a pesar de que somos una de las poblaciones más vulnerables. La ausencia de políticas claras, campañas y acciones de prevención, atención y apoyo dirigidas a nuestra población resalta la homofobia institucionalizada, el obstáculo principal que enfrentamos para que el VIH deje de ser un problema de salud pública.

La ley 3940/09 garantiza el ejercicio pleno de todos los derechos a las personas que viven con VIH. A pesar de ello aún persisten varios tipos de discriminación y desinformación en la sociedad. Los casos más frecuentes consisten en la exigencia de empresas e instituciones del test de VIH, despidos entre otros.


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